Somos un colectivo de residentes de viviendas públicas, trabajadores desempleados, personas sin vivienda e inquilinos. Exigimos una acción inmediata para proteger a los inquilinos y a las comunidades sin vivienda para prevenir un desplazamiento sin precedentes y protegernos de una desastrosa inmobiliaria similar a la del 2008.

Necesitamos abordar la crisis actual de vivienda debido al coronavirus y orientar a nuestro país para garantizar viviendas como un derecho humano.

TAKE ACTION: Call & Email the White House to Cancel Rent!

Nosotros necesitamos:

  • Una moratoria de desalojo amplia, incluida la prohibición de todas las presentaciones de desalojo, citaciones, audiencias, juicios y órdenes de ejecución; prohibición de cortes de servicios públicos; cerrar las escapatorias que sirven para excluir a los inquilinos residenciales afectados por la pandemia; y aplicación que garantice un acceso justo a la moratoria durante esta crisis de salud pública.
  • Vivienda de emergencia para todas las personas en viviendas colectivas (refugio, cárcel, prisión, centro de detención juvenil, hogar de ancianos o grupo), totalmente accesible para personas con discapacidades e individuos, familias y personas que desean quedarse con un compañero de habitación o ayudante. Ese refugio debe garantizarse hasta que todos dispongan de una vacuna segura y eficaz.
  • Cancelación de alquileres e hipotecas y condonación de deudas, incluida la suspensión de pagos de alquileres e hipotecas durante la crisis; un fondo de ayuda para los propietarios, con protecciones fundamentales para los inquilinos; y un perdón de deuda por los meses acumulados.
  • Un fondo de adquisición de vivienda asequible para proteger contra la especulación inmobiliaria, incluida la flexibilidad para que las ciudades, condados, estados y autoridades de vivienda utilicen fondos de asistencia de alquiler para el pago inicial de propiedades en dificultades que se utilizarán para viviendas permanentemente asequibles.
  • Una Autoridad de Desarrollo de Vivienda Social para crear más de 12 millones de unidades de vivienda social mediante la compra de bienes raíces en dificultades, particularmente alquileres multifamiliares, y financiando su transferencia al sector de vivienda social (como cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos de tierras comunitarias y vivienda pública).
  • Inversión de más de $150 mil millones en viviendas públicas existentes.

Una declaración nacional de derechos de los inquilinos que incluye causa justa, control universal de alquileres, accesibilidad universal y un Fondo de control comunitario y contra el desplazamiento de $200 mil millones.

Somos un colectivo de residentes de viviendas públicas, trabajadores desempleados, personas sin vivienda e inquilinos. Exigimos una acción inmediata para proteger a los inquilinos y a las comunidades sin vivienda para prevenir un desplazamiento sin precedentes y protegernos de una desastrosa inmobiliaria similar a la del 2008.

Necesitamos abordar la crisis actual de vivienda debido al coronavirus y orientar a nuestro país para garantizar viviendas como un derecho humano.

ALIVIO COVID-19:

Una moratoria de desalojo ampliada, incluida la prohibición de todas las presentaciones de desalojo, citaciones, audiencias, juicios y órdenes de ejecución;

  • La moratoria debe ir más allá de la moratoria de CDC y la Ley HEROES al incluir todo tipo de desalojo, no solo aquellos por falta de pago
  • La moratoria debe ser automática, sin imponer a los inquilinos la carga de solicitar protección;
  • La moratoria no debe permitir el enjuiciamiento penal como resultado de errores u omisiones en cualquier declaración;
  • La moratoria no debe venir con una fecha de finalización arbitraria, sino más bien desencadenada por un conjunto de indicadores económicos y de salud pública.

Vivienda de emergencia para todas las personas en viviendas colectivas (refugio, cárcel, prisión, centro de detención juvenil, hogar de ancianos o grupo), totalmente accesible para personas con discapacidades e individuos, familias y personas que desean quedarse con un compañero de habitación o ayudante. Ese refugio debe garantizarse hasta que todos dispongan de una vacuna segura y eficaz.

Cancelación de alquileres e hipotecas (HR 6515 Ley de cancelación de alquileres e hipotecas), incluida la suspensión del pago de alquileres e hipotecas durante la crisis; un fondo de ayuda para los propietarios, condicionado a un conjunto de protecciones fundamentales para los inquilinos; y un fondo de adquisición de vivienda asequible. Esta política también debe incluir la cancelación de la deuda de alquiler acumulados.

  • Si la asistencia para el alquiler (como el fondo de $ 100 mil millones en la Ley HEROES) sigue siendo la política favorecida, debe enmendarse para incluir los siguientes principios:
    • Acceso universal, incluso para inmigrantes independientemente del estado de la documentación, participantes en la economía informal (es decir, vendedores de alimentos, trabajadores de atención domiciliaria, etc.) y otros para quienes la verificación de recursos puede ser prohibitiva;
    • Condiciones para los propietarios que se benefician de los fondos de asistencia (consulte HR 6515 para obtener una lista completa), que incluyen un congelamiento de alquiler de al menos cinco años y el cumplimiento de otras protecciones críticas para inquilinos, como desalojos por causa justa, prohibición de discriminación por fuente de ingresos y más;
    • Cancelación del alquiler, financiamiento para reparaciones de capital y alivio administrativo para las autoridades de vivienda pública, que carecen de la capacidad para realizar recertificaciones en todo el sistema para corregir un número significativo de ajustes de alquiler debido a la pérdida de ingresos de los inquilinos.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

  • Un fondo de adquisición de vivienda asequible para proteger contra la especulación inmobiliaria, incluida la flexibilidad para que las ciudades, condados, estados y autoridades de vivienda utilicen fondos de asistencia para para el pago inicial de propiedades en dificultades que se utilizarán para viviendas permanentemente asequibles; y / o
  • Una Autoridad de Desarrollo de Vivienda Social para crear soluciones duraderas mediante la compra de bienes raíces en dificultades, en particular alquileres multifamiliares, y financiando su transferencia al sector de vivienda social (como cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos de tierras comunitarias y viviendas públicas).

GARANTÍA DE VIVIENDAS

  • Al menos 12 millones de unidades de vivienda social (permanentemente fuera del mercado privado y no disponibles para la especulación, consulte H.R.5244

The Homes for All Act de 2019) y el fin de la falta de vivienda;

  • $ 150 mil millones + inversión en vivienda pública existente;
  • Una declaración nacional de derechos de los inquilinos (incluida la causa justa, el control universal de los alquileres, la accesibilidad universal) y un
  • Fondo de control comunitario y contra el desplazamiento de $ 200 mil millones;
  • Reparaciones por siglos de políticas de vivienda racistas; y, El fin de la especulación inmobiliaria

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